El ayuntamiento va a pedir al gobierno regional que no reduzca su aportación a subvenciones de politicas sociales

Al respecto se ha presentado una moción por parte del grupo municipal socialista que se tratará en el pleno ordinario de octubre

El grupo municipal socialista ha presentado una moción, que se tratará en el pleno ordinario de octubre, con la que van a instar al Gobierno de la Región, competente en materia de Política Social, a que no reduzca su aportación en las subvenciones destinadas a políticas sociales y contemple en la Ley de Presupuestos de 2011 al menos el mantenimiento del importe de las mismas con respecto al 2010.

En el texto de la moción argumentan que "este último año y pese a que la situación social es más complicada a la existente en años anteriores debido a la crisis, estamos viendo que en vez de reforzarse estas políticas sociales, este Ayuntamiento al igual que los del resto de la región, está encontrándose con un descenso muy importante de las subvenciones destinadas a la ejecución de programas sociales, lo cual implica que, en prácticamente todos los casos, los Ayuntamientos tengan que asumir este gasto en solitario, como puede ser la contratación del personal adscrito a los programas, y en todos los casos la reducción en la prestación de servicios tan necesarios y demandados en estos momentos".

Para el grupo municipal socialista "las políticas sociales son la base del Estado de Bienestar y han supuesto siempre una importante lucha en la consecución de derechos sociales para el conjunto de la población y especialmente para los colectivos más desfavorecidos. Se implantaron la Educación y Sanidad gratuitas y universales, las pensiones, y finalmente el reconocimiento a través de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal, en la que se reconocen los derechos de las personas dependientes, y además viene acompañarla del correspondiente esfuerzo presupuestario con el fin de dar la adecuada cobertura a los mismos y hacerlos efectivos".

Añaden que "la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, modificada por las LO 8/2000 y 14/2003, supuso un punto de inflexión importante por medio del cual, las personas extranjeras gozaban de derechos y obligaciones en España, comprometiéndose los diferentes Gobiernos de las Comunidades Autónomas indistintamente del color político, así como el Ministerio a trabajar para lograr su integración efectiva".

Por último, indican que "en los últimos años, desde las diferentes administraciones, se ha fomentado el trabajo en el área de política social por medio de programas específicos de intervención, dotando presupuestariamente todos y cada uno de ellos, inmigrantes, familia, mayores y dependencia".

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