El amianto ha sido un material muy utilizado por sus características físicas y precio, pero desde hace décadas se conocen los riesgos para la salud que supone la exposición prolongada y las enfermedades asociadas.
Según la ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, los ayuntamientos son responsables de elaborar un censo de localización de instalaciones o lugares con amianto para después retirarlo, atendiendo prioritariamente aquellos con mayor riesgo, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley.
Las pautas para llevar a cabo la retirada de amianto están indicadas en el documento Directrices para la retirada del amianto instalado elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Ministerio de Sanidad y de Trabajo y Economía Social.
IU Verdes-Podemos señalan que, a pesar de las normas, la petición del Defensor del Pueblo a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para que se elaboren los censos, de las exigencias de la UE y las muertes relacionadas con el amianto, que según la OMS se estiman en 90.000 personas al año en todo el mundo, no existen muchos Ayuntamientos que lo hayan llevado a cabo y consideran urgente la retirada de este material peligroso que pone en riesgo la salud de los ciudadanos y ciudadanas de Jumilla.
